Capital Federal.- Representantes de organizaciones de minorías sexuales y de pueblos originarios expusieron ante los legisladores en lo que fue el último encuentro en la Ciudad de Buenos Aires de la audiencia pública por la reforma de los códigos Civil y Comercial. Este jueves y viernes el debate continuará en Tucumán y después en Santa Fe y Neuquén.
La comisión bicameral de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial cerró ayer la audiencia pública realizada en Buenos Aires, donde expusieron más de 150 personas. Durante la última jornada estuvo protagonizada por organizaciones como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), la Mesa Nacional por la Igualdad, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, además de representantes de pueblos originarios, sectores católicos y profesionales, entre otros.
"La Iglesia Católica debe someterse a los mismos criterios que el resto de las religiones", afirmó la legisladora porteña por el FpV y secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad, María Rachid, en un planteo compartido por todas las organizaciones de la diversidad sexual para que se le quite el status de persona jurídica de carácter público.
La audiencia contó con una importante presencia de organizaciones de la diversidad que manifestaron su apoyo al proyecto, plantearon algunas modificaciones y coincidieron en reclamar la eliminación del inciso sexto del artículo 147 del nuevo Código Civil y Comercial, donde se incorpora a la Iglesia Católica entre las personas jurídicas de carácter público. "El carácter de entidad de bien público a la Iglesia Católica termina perpetrando y sosteniendo privilegios que no van con los tiempos que corren", aseguró el titular de la Falgbt, Esteban Paulón que, además, destacó que a dos años de sancionada la ley de matrimonio igualitario en este nuevo código se eliminó el aditamento “igualitario”, equiparando el matrimonio para todos los casos.
Los privilegios de la Iglesia Católica
De acuerdo con Rachid, "resulta difícil comprender cómo se sostiene el carácter público de una institución que sistemáticamente se ha opuesto al reconocimiento de derechos de muchísimos colectivos oprimidos y vulnerados al tiempo que a los pueblos indígenas, pobladores originarios de nuestro territorio, históricamente perseguidos bajo el pretexto de la evangelización, se les asigna el carácter de personas jurídicas privadas".
Además de coincidir en el reclamo de igualdad para todos los cultos, Natalia Gherardi, del equipo latinoamericano de Justicia y Género, consideró que el proyecto constituye un avance porque refleja en la vida privada los principios de la Constitución nacional y del derecho internacional y remarcó la coherencia con el concepto de “coparentalidad” de la modificación de la preponderancia del apellido paterno.
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