Buzzi - Moyano
Buenos Aires.- Este martes, a las 15, la sede de la CGT recibe a los titulares de las obras sociales de los gremios alineados bajo la conducción de Hugo Moyano con la meta de darle forma legal a la decisión de demandar en la Justicia en lo Contencioso Administrativa Federal a la administración de Cristina Fernández de Kirchner por las millonarias deudas que el Estado mantiene con las obras sociales.
Del dinero reclamado, unos 12 mil millones de pesos provienen del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. Y unos $ 2000 millones surgen de los reintegros de prestación de servicios que se brindaban a través de la desaparecida Administración de Programas Especiales (APE), hoy absorbida por la Superintendencia de Servicios de la Salud.
Firme en su reposición "anti-K" el gremio que lidera Moyano ya activó una presentación administrativa en la Superintendencia para exigir la regularización de la deuda. Sólo a Camioneros el Estado le debería unos 600 millones de pesos. Frente a esto, el Estado estaría evaluando ofrecer el pago de un 17% de los 2000 millones de pesos que reconoce adeudarles a las obras sociales sindicales por los reintegros de la APE.
Desfinanciamiento de las obras sociales
"Estamos desfinanciados", había justificado Omar Plaini acerca de las deudas que se deben fundamentalmente a que el Gobierno no reparte los millones que mensualmente se acumulan en el Fondo Solidario de Redistribución. Ese fondo se forma con un porcentaje de todos los aportes sociales de los trabajadores y empleadores y tiene como fin ayudar a las obras sociales en los tratamientos de alta complejidad.
En primer lugar esas demandas apuntarán a que el Estado informe a cuánto asciende la deuda que tiene con cada obra social. Además, se buscará determinar con las demandas es si en todos estos años esos fondos generaron intereses.
Si las presentaciones prosperan, el Estado podría ser condenado bajo las figuras de "retención indebida" o "administración fraudulenta".
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